¿Qué pasa cuando juntas armas, dinero y poder?

EL NEGOCIO DE LA GUERRA

El gasto militar mundial sobrepasa los 1,7 billones de dólares al año. Con tan solo un 2 % de esa cantidad sería posible eliminar el hambre en todo el planeta

Por: Juan Carlos Ortiz / juan.ortizmendoza@gmail.com

La guerra es, netamente, una forma de hacer dinero y así lo entendieron las grandes potencias del mundo y sus empresas, que han hecho del negocio de crear conflictos para vender soluciones, el segundo más rentable de la historia.

Los conflictos armados en donde participan abiertamente las potencias, prácticamente, se han privatizado y los conflictos civiles internos, donde, supuestamente, no tienen participación, son sus empresas. Así, mediante el tráfico ilegal de armas proveen lo necesario e incentivan las contiendas.

Aquí, en el Ecuador, los bancos participan como financistas de las grandes empresas de armamento y, muchos otros banqueros, participan activamente en el lavado de activos. Mueven estratégicamente el dinero del narcotráfico y del tráfico ilícito de armas. ¡Son unos santos!

Nada de esto fuera posible sin la solícita participación de los políticos y sus gobiernos, que facilitan leyes para que las empresas de armamento se muevan como peces en el agua y se hacen de la vista gorda cuando “los tratados vigentes internacionales” impiden que el negocio fluya con normalidad.

Los Estados son los que financian a las empresas de servicios militares y, muchas veces, los mismos políticos están vinculados al negocio privado.

La industria de la guerra se mantiene velada y muchas veces se escudan en el “secreto de Estado” para ocultar información. Según la ONG Transparencia Internacional, es el segundo sector más corrupto.

Los principales productores de armas y servicios militares son los países más poderosos del mundo: Estados Unidos (35 %), Rusia (15 %), Alemania (7,5 %), el Reino Unido (6,5 %), China (6,3 %), y Francia (4 %). Todos, menos Alemania, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ese organismo, según sus estatutos, tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional. Pero, los encargados de la paz mundial son los que venden la guerra.

Por otro lado, frenar la máquina de guerra equivaldría a reducir en cientos de millones la renta de los países productores; también dejaría sin trabajo a millones de personas en todo el mundo.

Actualmente, existen 1.135 fabricantes de armas en 98 países, una industria que se ha multiplicado por seis desde 1960.

En este momento, hay 31 conflictos armados. Por ejemplo, desde 1998 han muerto casi cuatro millones de perso- nas como resultado de la guerra en la República Democrática del Congo.

Desde Filipinas hasta Colombia, pasando por Oriente Medio, Asia Central y varios países africanos, la mayoría de los casos de enfrentamientos son incentivados y propiciados por las potencias de occidente, donde múltiples actores internos luchan por poder político, territorio y por el control de economías ilegales de guerra y de recursos naturales.

La gran mayoría de las guerras contemporáneas no responde a una estructura tradicional de la guerra entre Estados, cuyos ejércitos se enfrentan bajo un solo mando. La guerra moderna se compone de disputas internas, intraestatales, que se libran, sobre todo, con armas ligeras y cuya principal víctima es la población civil. Un 90 % de las víctimas son civiles.

Haciendo uso ilícito de armas pequeñas, más de 300.000 niños soldados participan en conflictos en todo el mundo. Según estimaciones de Unicef, en la última década del siglo XX, murieron unos dos millones de niños en enfrentamientos armados.

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OFERTA Y DEMANDA

El comercio de armas tiene varios frentes no solo las guerras “formales”, sino también el tráfico de armas en zonas de conflictos civiles. Además, existe un gran comercio a grupos armados insurgentes, terroristas, narcotraficantes y delincuencia en general. Un negocio sin control, que genera casi tantos ingresos como la venta de drogas.

En todo el mundo, ocurren al menos 200.000 muertes no relacionadas con conflictos bélicos. Son varios los eslabones de la cadena entre la guerra, el crimen organizado, los mercados negros y las exportaciones de armas.

Por ejemplo, en Colombia se han registrado -en promedio- 700.000 armas de fuego y se calcula que hay en circulación 2,4 millones de pistolas ilegales. Entre 1979 y 2005, más de 475.000 personas fueron asesinadas por el uso de armas de fuego a manos de la delincuencia y por consecuencias del conflicto interno. (Fuente: Centro de Análisis Sociopolíticos, Colombia).

“El mundo está inundado de armas pequeñas y armas ligeras que suman casi 500 millones, suficiente para tener un arma por cada 12 personas en la tierra”. Afirmaba Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas.

LOS SUEÑOS ROTOS DEL PATRIOTISMO
Las guerras son creadas y punto, olvidémonos de los ideales de honor, paz, libertad y democracia. Estos son simplemente cuentos con los que se manipula a las masas para que “nadie reclame” cuando tu país se va a la guerra y el dinero de todos es usado para armamento. Los patriotas marchan al matadero, mientras los dueños del circo, desde sus lujosas mansiones, cuentan las regalías de la sangre de personas inocentes que se vinculan a las milicias por ideales, por necesidad económica, o “para defender la democracia”. Lamentablemente, tenemos que decir que el motor de la economía de los “países desarrollados” es la guerra.

Podemos poner algunos ejemplos que la historia ha develado como las grandes conspiraciones para el mayor productor de armas entre en las guerras:

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Así como durante la Primera Guerra Mundial surgieron decenas de nuevos millonarios en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franklin D. Roosevelt había deseado ingresar a la guerra y la quería provocar de diferentes maneras. Washington sabía de antemano que una flota japonesa iba de camino a Pearl Harbor, Roosevelt que provenía de una familia de banqueros con larga data en EE.UU. vio como una oportunidad, el ataque. Una agresión japonesa le daría la posibilidad de exacerbar el nacionalismo y convencer al público estadounidense, cuya abrumadora mayoría se oponía a la guerra.

Gran Bretaña necesitaba equipamiento bélico para continuar su lucha contra Hitler. Roosevelt persuadido por los bancos y corporaciones, el 11 de marzo de 1941, introdujo el programa de “Préstamo y Arriendo”, suministrando a Gran Bretaña de crédito virtualmente ilimitado para comprar camiones, aviones y armas en EE.UU. Aquí los bancos hicieron la fiesta con los préstamos y las empresas de material militar, con las exportaciones a Inglaterra que generaron enormes ganancias inesperadas, no solo por el inmenso volumen de negocios que implicaba, sino también porque esas exportaciones tenían precios inflados y se usaban prácticas fraudulentas como la doble facturación.

Por supuesto, muchas de las grandes corporaciones estadounidenses ya ganaban dinero mediante negocios tanto con la Alemania nazi como con Gran Bretaña, y partir de entonces también comenzaron a ganar mucho más dinero proveyendo de material bélico a las propias fuerzas armadas de EE.UU.

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LA GUERRA DE VIETNAM

En la noche del 4 de agosto de 1964, el presidente de EE. UU., Lyndon B. Johnson, ante las cámaras de televisión, declaró que dos días antes, el destructor USS Maddox había sido atacado por lanchas torpederas de Vietnam del Norte, en el Golfo de Tonkín. Así mismo, dijo que otras torpederas norvietnamitas habían atacado, en las propias aguas del golfo, al destructor USS C Turner Joy.

Tres días después, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Resolución del Golfo de Tonkín, que autorizaba a Johnson a usar toda la fuerza necesaria para “castigar” a Vietnam del Norte por esa agresión y para intervenir, abiertamente, en la guerra.

Ciudades, aldeas y campos enteros fueron arrasados por la aviación y la artillería yanquis en todo Vietnam, mientras se perpetraba contra la población civil la infame guerra química, con el Agente Naranja para destruir la agricultura del país, veneno que asesinó a miles de campesinos y enfermó a decenas miles de los propios soldados invasores. Se cree que más de 4’200.000 personas murieron en esa guerra. Estados Unidos contabilizó 58.159 bajas y más de 1.700 desaparecidos.

Según documentos desclasificados en el 2001, por Roberto Hanyok, historiador de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU, los respon- sables del espionaje distorsionaron deliberadamente los datos, en realidad, los supuestos atacantes desconocían la ubicación de los destructores estadounidenses. Se trató de una operación de inteligencia destinada a inventar un ataque.

¿Pero para qué es necesario hacer un guerra y matar a más de cuatro millones de personas? Pues para que un grupo de personas vinculadas al negocio petrolero de la construcción y armamento se vuelvan multimillonarias.

El Grupo de la Suite 8F, red política y de negocios vinculada al sector conservador del Partido Demócrata y establecida en Texas, presionaba desde el inicio de la guerra en 1955 para que EE.UU. se metiera de lleno en el conflicto. Las negativas del presidente Kennedy quedaron atrás luego de su asesinato en 1963 y la ascención de uno de los cercanos colaboradores de la élite tejana, Lyndon B. Johnson, fue la catapulta para iniciar un negocio millonario con la guerra.

Según Arthur Lepic, periodista francés, el envío de tropas terrestres a Vietnam desencadena una avalancha de contratos para la construcción de bases, pistas de aviación, puertos y puentes. En 1965, un año después de la participación decidida por Johnson, la empresa Halliburton (KBR) se alía con otros tres gigantes de la construcción (Raymond International, Morris-Knudsen y J. A. Jones) para formar uno de los conglomerados civiles de construcción militar más importantes en el mundo, que se alzará con más de dos mil millones de dólares por concepto de contratos en Vietnam. Entre 1965 y 1972, Halliburton (KBR) obtiene 380 millones de dólares de utilidades.

Es así cuando y donde se empieza a configurar el negocio completo de la privatización de los países invadidos, una vez derrotado el gobierno “de facto, comunista, islamista, terrorista”, o como quieran llamarlos los gringos para desprestigiarlos. Cuando llega la democracia, junto con ella llegan las empresas que “reconstruyen el país”, las petroleras como Texaco, las empresas de seguridad privada y hasta llegan Burger King y Pizza Hut.

“El mundo está inundado de armas pequeñas y armas ligeras que suman casi 500 millones, su ciente para tener un arma por cada 12 personas en la tierra” KOFI ANNAN, EX SECRETARIO GENERAL DE LAS NACiONES UNiDAS

 

AGFANISTÁN, IRAQ Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA GUERRA

La metodología gringa siempre es la misma, invadir un país desgastado política y militarmente por un conflicto interno. En el caso de Oriente Medio, la política y la religión caminan de la mano en importancia y muchos de los conflictos armados se justifican por rivalidades propiciadas por grupos extremistas. La mayor parte de estos grupos, inicialmente, son financiados y armados en secreto por el propio EE.UU. ¿Con qué objetivo? Llegar a invadir un país abatido por la guerra civil, fácil de conquistar y claro, con muchos recursos naturales que explotar.

Una vez invadido y el gobierno legítimo destruido y cambiado por uno obediente a Washington, viene “la reconstrucción” de las ciudades, y la segunda invasión, esta vez no militar, sino corporativa.

Pero, para el pueblo estadounidense, el gobierno lucha por implantar la democracia en estos países “bárbaros”, donde el ciudadano promedio no llega a entender cómo esta gente tiene apariencia extraña, que no habla inglés, no visten Calvin Klein, no come en Mc Donald’s y no tiene las mismas creencias que ellos. Finalmente, son terroristas que quieren destruir a la sociedad norteamericana.

¿Y cómo un país entero ha llegado a esa conclusión? Luego del 11 de septiembre se implementó una campaña que nació del mismo gobierno, a nivel de todos los grandes medios, para fomentar el nacionalismo y promover la lucha armada en contra de los terroristas y en pro de la eliminación de armas de destrucción masiva. Empezó la persecusión a una cultura milenaria y, para ello, se exacerbó el racismo, la xenofobia y la venganza.

Los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre están velados de más preguntas que respuestas y muchas investigaciones apuntan a que fue un autoatentado provocado por el mismo gobierno; para la familia Bush no sería algo nuevo.

Osaba Bin Laden fue un conocido agente de la CIA y su familia pertenece a un poderoso conglomerado de empresas petroleras donde también participa la familia Bush.

El 11 de septiembre le dio a George W. Bush la total libertad de invadir. Todo comenzó con la invasión estadounidense a Afganistán en octubre de 2001, y continuó con la invasión a Irak en el 2003, el bombardeo de Libia por parte de la OTAN y el flujo de fondos y armas a la guerra civil siria. Nuevamente, la misma estrategia de Vietnam.

Después de las Torres Gemelas, el gobierno de Bush premió a la segunda mayor compañía de servicios petroleros en el mundo, Halliburton, con al menos 2 mil 200 millones de dólares en inversiones relacionadas con la defensa; la mayor parte para apoyar operaciones militares en el extranjero. La empresa también recibe generosos subsidios federales en algunos de los más lucrativos proyectos de oleoductos” (Mother Jones, agosto de 2003).

Estados Unidos, el Reino Unido y algunos otros países aliados invadieron Iraq con la excusa de encontrar armas de destrucción masiva que no existían.

Por su lado, la invasión a Afganistán se dio so pretexto de que Osaba Bin Laden se encontraba refugiado en su territorio, protegido por los talibanes. Para ese entonces, Afganistán se encontraba en una situación muy problemática, antes del 11 de septiembre del 2001.

Más de 20 años de guerra contra los soviéticos y guerras civiles habían dejado unos 1,5 millones de muertos.

Una de las razones de la invasión, era la construcción de un oleoducto a través de Afganistán hasta la costa de Pakistán, con el fin de extraer el petróleo de Asia Central, a un bajo costo, y sin tener que negociar con los talibanes, aseguraron varios expertos.

Desde la ocupación en 2001, los paí- ses de la OTAN han perforado, solo en la cuenca del Amo Darya, 322 pozos, donde se estima que hay entre 500 y dos mil millones de barriles de crudo.

Además del Oro Negro, Afganistán tiene oro, mucho oro amarillo, que le pertenecía a sus ciudadanos. Ahora, la compañía financiera JP Morgan Chase firmó con Karzai, en 2011, un acuerdo por el valor de 40 millones de dólares, para hacerse con una de las minas de oro afgano. El gobierno invade y las corporaciones se reparten las riquezas.

“Antes de la invasión de 2003 y la ocupación de Iraq, todas las compañías petroleras de Estados Unidos y de otros países occidentales estaban completamente excluidas del mercado de petróleo iraquí; pero gracias a la invasión y la ocupación, las compañías han vuelto a Iraq y, por primera vez desde que fueron obligadas a salir del país en 1973, están produciendo petróleo allí”, afirma Antonia Juhasz, analista de la industria petrolera, en una entrevista con Al Jazeera.

Si bien el ejército estadounidense ha puesto fin formalmente a la ocupación de Iraq, algunas de las compañías petroleras más grandes de occidente, como ExxonMobil, BP y Shell, se han quedado para repartirse los recursos naturales. Por ejemplo, Shell firmó un contrato por 17.000 millones de dólares para extracción de gas natural.

También la empresa energética Emerson, con sede en Estados Unidos, opera un gigantesco campo petrolífero iraquí de Zubair, que al parecer contiene unos ocho millones de barriles de petróleo.

BP explota el supercampo petrolífero iraquí de Rumaila y la otra gran reserva que es el campo de Majnún, la explota Royal Dutch Shell. Ambos campos se encuentran en el sur de Iraq. Antes, estos campos servían para el desarrollo de sus pueblos y sus ingresos mantenían un alto estándar de vida entre sus habitantes, hoy esas regalías van a las grandes corporaciones de EE.UU. y Gran Bretaña.

Pero, no solo es el negocio de los recursos naturales lo que importa al gobierno de los EE.UU., le preocupa mucho mantener su imagen frente a los ciudadanos en su tierra. Es por esto que para disminuir el número de efectivos militares estadounidenses en suelos extranjeros, comenzaron a privatizar los servicios. Para este momento, existe más “personal de seguridad privado” que militares en lugares como Bagdad (Iraq).

Halliburton, por su parte, dirige docenas de bases militares en Iraq. Entre los servicios prestados se cuentan: construcción y mantenimiento de bases militares, control y envío de correspondencia, servicios de lavandería, producción diaria de miles de raciones alimentarias para las tropas de ocupación y mantenimiento de un amplio sistema de letrinas en todo el territorio ocupado.

El Washington Post reveló que los contratos militares de Halliburton en la ocupación de Iraq son mucho mayores de lo que se pensaba. La operación “Libertad Iraquí” ha representado tratos por 1.700 millones de dólares. También se estima que al menos la tercera parte del presupuesto (de 3,9 mil millones de dólares) para mantener las tropas de Estados Unidos en Iraq, va directamente a los contratistas privados como Bechtel, DynCorp y, especialmente, Halliburton.

El Washington Post reveló que los contratos militares de Halliburton, en la ocupación de Iraq, son mucho mayores de lo que se pensaba. La operación libertad iraquí ha representado tratos por 1.700 millones de dólares. También se estima que al menos la tercera parte del presupuesto (de 3,9 mil millones de dólares) para mantener las tropas de Estados Unidos en Iraq, va directamente a los contratistas privados como Bechtel, DynCorp y, especialmente, Halliburton

EL CASO ECUATORIANO

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El Ecuador pagó en total 7’310.000 dólares por armas y municiones entregadas fuera del plazo, inservibles e incompletas; lo único que cumplía con lo requerido fueron los 752.000 cartuchos, valorados en 146.640 dólares

En todas partes se “cuecen habas” y nuestro país no es la excepción. Luego de la guerra del Cenepa, estalló un gran escándalo internacional de tráfico de armas que incluso terminó con el expresidente de Argentina, Carlos Menem, con prisión domiciliaria entre junio y noviembre de 2001. Así mismo, varias personas vinculadas a este negocio terminaron “suicidándose” en circunstancias muy extrañas.

La venta de armas argentinas a Ecuador estuvo plagada de un sinnúmero de irregularidades de parte y parte, que dieron a conocer al mundo cómo se maneja una operación de tráfico ilegal de armas entre países y, supuestamente, bajo el conocimiento de sus propias autoridades. Ecuador, como siempre, fue el más perjudicado.

Varios autores publicaron amplias investigaciones del negocio que implicó una estructurada red de políticos, traficantes y militares; entre ellos, el argentino Daniel Santoro, que lanzó su libro “Venta de armas, hombres de gobierno”. El también periodista argentino Juan Salinas publicaría su obra “Narcos, banqueros y criminales”, que va más allá de la venta de armas a Argentina y destapa la conexión entre políticos, banqueros y el lavado de activos.

En el Ecuador el ex Contralor General del Estado y exdiputado, Fernando Rosero, emprendió una investigación del caso, de esta se desprende su obra “Los chatarreros del Cenepa”, libro publicado en el 2005, donde se reseñan los pormenores de la fallida venta de armas a nuestro país y los procesos judiciales que se desprendieron de la venta de armas argentinas y el perjuicio que significó para el Estado ecuatoriano.

“Existió, a no dudarlo, un verdadero festín de recursos públicos, sin importarles a los vendepatria, la angustiosa situación de nuestras tropas, que no estaban debidamente equipadas en la zona de frontera. Su interés solo apuntaba a enriquecerse ilícitamente. Se utilizó la emergencia nacional, para hacer un gran negociado”. Dr. Fernando Rosero, “Los chatarreros del Cenepa”.

Era enero de 1995, Carlos Menen, presidente de la Argentina, autorizaba la venta de material bélico que ese mismo mes había sido dado de baja por el ejército de su país.

En Ecuador, por su lado, comenzaba por esta misma fecha el conflicto armado con el Perú denominado La guerra del Cenepa.

Debido a que se preveía una amplia arremetida peruana, se emitió una declaratoria de emergencia, el 27 de enero de 1995, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, lo que liberó fondos estatales para la compra de armamento.

La Honorable Junta de Defensa Nacional dispuso la adquisición de 8.000 fusiles FAL y de 10 millones de proyectiles calibre 7.62 mm, material bélico que requería el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para equipar y armar a 43 mil reservistas que se dirigían a la zona de frontera. Fueron el Ministro de Defensa, Gral. José Gallardo Román, y el Gral. Víctor Manuel Bayas, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los responsables de las negociaciones.

Durante todo el proceso legal, tanto Gallardo como Bayas se “echaron la pelotita” sobre la responsabilidad del proceso de contratación y sus irregularidades posteriormente descubiertas.

Del lado de los vendedores, se presentó una sola oferta de Carlos Torres Herboza, un joven de 23 años que no había tenido experiencia previa en el negocio de armas ni había sido contratista del Estado. Según Bayas, se aceptó esa propuesta porque prometía entregar las armas en 72 horas después de recibir el dinero. A criterio del autor de estas líneas, Torres simplemente fue un tonto útil que sirvió de chivo expiatorio. Según cuentan sus propias declaraciones, prácticamente fue obligado a presentarse como contratista.

Para esta labor, Torres Herboza se contactó con Roberto Sassen, un conocido comerciante de armas ecuatoriano que ya había sido proveedor de la Policía Nacional. En Argentina, el traficante de armas francés Jean Bernard Lasnaud y el excapitán de la Armada Argentina, Horacio Estrada, hacían los contactos con los encargados del gobierno y con la fábrica de armas Domingo Matheu.

La investigación, según el libro “Los chatarreros del Cenepa”, determina que, como no se podía hacer una venta directa de armas de Argentina a Ecuador y se quería ganar sobreprecios con la intermediación, se armó una operación encadenada. Así, la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) de Argentina vendía el material a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade, esta la traspasaba a la firma Caribbean Group of Companies, de Lasnaud, que -a su vez- vendía las armas y municiones a la ecuatoriana Prodefensa, de Roberto Sassen y César Torres, y esta, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aquí podemos ver cómo el tráfico de armas necesita de varios actores y todos exigen una parte del botín, mientras el Estado es el que paga.

El material bélico que se envió a Ecuador estuvo embodegado desde 1993 y se había declarado obsoleto. Los vendedores no cumplieron ni con el plazo establecido en el contrato ni con el número de material solicitado ni con las especificaciones.

El valor total del contrato, donde se garantizó que el material de la venta sería nuevo de fábrica, fue de 7’310,000.00 dólares. El pago se hizo un día antes de la firma del contrato.

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“Existió, a no dudarlo, un verdadero festín de recursos públicos, sin importarles a los vendepatria la angustiosa situación de nuestras tropas, que no estaban debidamente equipadas en la zona de frontera. Su interés solo apuntaba a enriquecerse ilícitamente. Se utilizó la emergencia nacional, para hacer un gran negociado” FERNANDO ROSERO, “LOS CHATARREROS DEL CENEPA”

Según las mismas declaraciones del vendedor de armas César Torres, en un primer vuelo, que llegó el 18 de febrero, con 5 días de retraso del plazo establecido, vinieron 999 fusiles FAL viejos, usados y chatarra; en cuanto a las municiones, vinieron 860 mil cartuchos con año de fabricación 1972, cuando en el contrato decía que las municiones debían ser mínimo del año 1992.

En un segundo embarque, llegaron 2.999 fusiles FAL, tan obsoletos y deteriorados como los del primer vuelo, y la munición, 140 mil cartuchos, era tan obsoleta que las cajas estaban podridas.

El tercer vuelo, que llegó con 13 días de retraso, traía 100 fusiles FAL, también obsoletos, en cuanto a las municiones vinieron 752.000 cartuchos del año 94 y 140.000 del año 84.

En total, dejaron de enviar 3.002 fusiles con el agravante de que los que enviaron eran chatarra. En cuanto a las municiones, se pagaron 10 millones y solo mandaron dos millones de cartuchos, todos inservibles por su antigüedad, salvo los 752.000 del año 1994 que es lo único que sirvió de los tres envíos.

La DGFM facturó los cinco mil FAL y las 75 toneladas de municiones en un valor de 1’510.096 dólares, las Fuerzas Armadas del Ecuador pagarían por esta cantidad de material obsoleto recibido, aproximadamente 5 millones y medio. En esta cadena de precios, el valor original aumenta a más del triple.

El Ecuador pagó en total 7’310.000 dólares, por armas y municiones entregadas fuera del plazo, inservibles e incompletas; lo único que cumplía con lo requerido fueron los 752.000 cartuchos, valorados en 146.640 dólares.

Entre las voces que cuestionaron el manejo de contrato, estuvo el entonces diputado Marcelo Dotti, del Partido Social Cristiano, que según su declaración a la prensa, en la factura original el precio de cada fusil era de 10 pesos argentinos, “asumiendo que el peso tenía un precio similar al dólar significa que el arma costaba 10 dólares, pero, ¿por qué se acepta el contrato a 600 dólares por cada fusil?”.

Una terrible estafa para el erario nacional, que según los autores mencionados, sucedió bajo conocimiento de las autoridades tanto argentinas como ecuatorianas.

¿Pero por qué las autoridades se harían de la vista gorda a sabiendas que el material enviado no serviría para su propósito, mientras las tropas en la frontera con carencia de armamentos morían defendiendo el territorio nacional?

Según diario La Nación de Buenos Aires, reveló que en la cuenta bancaria del capitán Horacio Estrada, vinculado a la negociación del lado argentino, se encontraba registrado un cheque de 1’850,000.00 que recibió la H. Junta de Defensa Nacional, pocos días después de los tres envíos de los fusiles FAL y las municiones. La junta nunca respondió a la acusación.

En medio de las investigaciones, Estrada apareció muerto en su departamento en Buenos Aires, tres años más tarde. El capitán retirado de la Marina había sido agregado militar en Israel, al igual que el general ecuatoriano Paco Moncayo, y los dos se habían convertido en intermediarios de la industria de armamentos, según afirma el libro “Narcos, banqueros y criminales”, del periodista argentino Juan Salinas.

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LAS VINCULACIONES DE PACO

El 2 de abril de 1997, durante el régimen de facto de Fabián Alarcón, el general Paco Moncayo, en aquel entonces, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se dirige a la H. Junta de Defensa Nacional para informar que, luego de las verificaciones y pruebas del caso, su jefatura había decidido devolver el material obsoleto recibido y exigir al contratista que se devolvieran los valores pagados en material nuevo y de las características aprobadas. Esa resolución nunca la cumplió su propio autor, Paco Moncayo.

En una actitud contradictoria, el mismo año, el general Paco Moncayo nombra una comisión técnica para que revalorizara el armamento que permanecía inservible y que, según la resolución del 2 de abril, no tenía valor.

Es decir, Moncayo -en una primera resolución- afirma que el material debía ser devuelto porque no tenía valor y, meses después, revalúa el mismo material en 1’826.334,20 dólares.

screen-shot-2017-01-05-at-5-00-32-p-mEsto fue un beneficio directo para la aseguradora que estaba encargada de las garantías de la negociación, ya que el 1’826.335,20 en que se valoraron las armas resultó un valor a favor de Seguro Equinoccial, persistiendo de esa forma el perjuicio para el Estado de 1’680.334.20 (restando los 752.000 proyectiles que sí valían del envío, valorados en 146.000.00 dólares).

Esa no fue la única intervención de Moncayo. En el 2001, el entonces diputado Fernando Rosero, junto con un grupo de 21 legisladores, presentaron una denuncia con el fin de que este negociado no quedara en la impunidad.

El 24 de febrero del 2005, Guillermo Castro Dager gira la boleta constitucional de detención contra el imputado, general José Gallardo Roman; a Víctor Hugo Bayas, Roberto Sassen, César Torres y Jean Bernard Lasnaud, también se les dicta orden de prisión preventiva.

Ese mismo día, un grupo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, interpone ante el general Paco Moncayo, en ese entonces Alcalde de Quito, un recurso de acción de Hábeas corpus a favor de Gallardo.

Moncayo se excusa en razón de la “amistad” que mantenía con Gallardo Román y da paso al Hábeas corpus, permitiendo la libertad del imputado. De esta manera, Moncayo impidió el desarrollo e investigación del caso.

Pero, ¿quién es Paco Moncayo? Se pregunta el escritor argentino Juan Salinas, en su obra “Narcos, banqueros y criminales”, donde ubica a Moncayo como ex agregado militar en Israel, miembro del directorio del Banco del Pichincha, diputado por la ID, y alcalde de Quito desde el año 2000. A su hermano, el coronel Carlos Moncayo, se lo considera un lobista de la poderosa industria bélica hebrea”, afirma el autor.

Aquí podemos empezar a vislumbrar la relación de Moncayo no solo con la industria armamentista, sino también con los bancos y estos, a su vez, con el narcotráfico.

Cuenta la historia, que Moncayo consiguió que el 48 % del paquete accionario del Banco Rumiñahui, controlado por las FF.AA., pasara a manos del Banco Pichincha y, es ahí, cuando Moncayo pasa a ser miembro del directorio del banco.

Pero, esta relación no termina ahí. Fidel Egas, dueño del Banco Pichincha, el general Moncayo y otros militares tienen en común una relación con un millonario quiteño, Silvio Heller, escritor de libros de autoayuda y socio de Egas en negocios inmobiliarios. Heller preside la empresa israelí High Tech y es el rostro visible de Sumil, principal suministradora de armas para el ejército ecuatoriano, y de repuestos para los aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Fue la empresa que vendió los helicopteros Dhruv. Así lo afirma Salinas en su obra.

Además, son varias las obras e investigaciones que vinculan al Banco del Pichincha con el narcotráfico como el libro “Los jinetes de la narcocracia” de Antonio Molina, donde se asegura que “Rodrigo Borja puso el sistema financiero ecuatoriano al servicio de los capos de la droga, y al modo en que la reserva monetaria había ido a parar al banquito de Egas en las Bahamas”.

En este sentido, subrayó “La siguiente figura de rapiña financiera: al colocar la reserva ecuatoriana en el banquito de Nassau, éste inmediatamente invierte y gana 9 millones de dólares, utilidad gratuita que representa casi la totalidad de dinero prestado al grupo de accionistas del Banco del Pichincha, matriz de Quito. No queda la menor duda de que se trata de un singular obsequio al grupo financiero del presidente del Directorio del Banco del Pichincha C.A., Fidel Egas Grijalva, quien finalmente con este juego tomó el control absoluto del banco de los Acosta, por ser el accionista mayoritario. Todo eso con los dineros de los ecuatorianos”. Estas declaraciones también fueron confirmadas por Lucio Gutiérrez.

Por otro lado, Abdalá Bucaram denunció que Rodrigo Borja recibió aportes económicos para su campaña de un conocido narcotraficante. Inclusive, en marzo de 1991, un cuñado del presidente fue detenido en Miami por lavar más de 30 millones de dólares en el Chase Manhattan y otros bancos.

El expresidente Bucaram, defenestrado de su cargo, aseguró que una de las motivaciones de Paco Moncayo para participar en el golpe de Estado, fue la negativa del Ejecutivo para aumentar el presupuesto para la compra de armamento. Según Bucaram, Moncayo lo invitaba a reuniones dos veces por semana para explicarle por qué debía subir el presupuesto de armamento. De acuerdo con Moncayo, Perú preparaba una nueva guerra.

Los bancos, el lobby armamentista, y sus relaciones con autoridades… queda mucho por investigar y aclarar. Por cierto, Fernando Rosero pidió al actual gobierno que se cree una comisión para investigar la venta de armas a Argentina, pero su pedido no ha sido escuchado hasta el momento.

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