¿Cuál es el calendario para las elecciones del 2017?

42 días de campaña electoral

El CNE anunció el calendario electoral para las elecciones del 2017. El titular del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, explica cómo será el proceso

Por: William Morales y Martha Sandoval

El Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó el 18 de febrero, el calendario electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la República, así como de parlamentarios andinos y legisladores nacionales y provinciales.

El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, dijo que hasta agosto del 2016 se pueden inscribir las organizaciones políticas que deseen presentar candidatos propios. “En este momento tenemos 154 organizaciones políticas inscritas que han obtenido personalidad jurídica, 13 de estas son nacionales y 141 son entre provinciales, cantonales”, puntualizó.

Añadió que desde el segundo semestre del año pasado trabajan para anunciar el calendario electoral. “Tenemos el macro de lo que significa ese proceso, compartiendo que la única fecha que está escrita es la de la posesión del presidente de la República el 24 de mayo del 2017, cinco días antes los parlamentarios andinos y diez días antes los asambleístas. El código (de la democracia) pide que el consejo elabore un calendario regresivo, eso implica fechas para que nos vayamos ordenando el plano operativo y de presupuesto”.

Agregó que en octubre será la convocatoria a elecciones y que las inscripciones de candidaturas serán hasta mediados de noviembre, es decir habrá 45 días para las inscripciones.
Pozo, también dijo que la campaña electoral arranca el primer día hábil de enero del 2017 (martes 3 de enero). “Tendremos 42 días de campaña entre enero y febrero. Luego, un domingo de febrero las elecciones de primera vuelta, un domingo de abril las elecciones de segunda vuelta. A partir de estas fechas, el CNE elaboró un calendario regresivo, de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia (Ley Electoral)”.

De de las fechas indicadas, el CNE está trabajando en una agenda técnico-política con lo que se busca dar segu- ridad jurídica a todos los actores a través del establecimiento de auditorías de inscripción de candidaturas, de escrutinios, sorteo de miembros de juntas receptoras del voto, entre otros temas que detalla en la siguiente entrevista.

¿Cuál es el presupuesto
que manejará el CNE para
 las elecciones del 2017?


Hemos planteado un presupuesto manteniendo las condiciones de austeridad, de eficiencia en el uso de recursos públicos. No van a haber proyectos como el voto electrónico que hubo en Azuay y Santo Domingo, y estamos trabajando en un sistema de escrutinio.

Trabajamos con un presupuesto referencial del 2014 que fue de 137 millones de dólares, pero tomando en cuenta que en el 2014 solo hubo un día de votación.

El presupuesto para la ejecución del proceso es de 131,5 millones de dólares, un presupuesto diferenciado entre la primera y la segunda vuelta electoral, si no existe la segunda vuelta no habrá la ejecución de esos valores, pero ese valor es para efectos de planificación y ejecución.

¿Cuál es el presupuesto que se asignará a cada movimiento o partido político que presenten candidatos presidenciales?

Hay que diferenciar entre fondo partidario permanente, que es un fondo que se entrega todos los años solo a ciertas organizaciones políticas que han cumplido los requisitos, con la de promoción electoral que se entrega a todos los candidatos cuando se inscriben entre octubre y noviembre. Por tanto, no es un fondo que se asigna a capricho del consejo, sino que es una fórmula que aplica el Código de la Democracia

El fondo de promoción electoral se lo tendrá cuando estén los candidatos inscritos. El fondo en el 2013 fue de 28 millones de dólares, ese fue el valor referencial. Obviamente eso va a cambiar porque tenemos más electores y no sabemos el número de candidatos que tendremos.

Seis partidos y movimientos políticos recibirán 5’177.539,91 dólares de los fondos partidarios permanentes, para el proceso electoral del 2017. Esos recursos serán entregados a las organizaciones nacionales Alianza PAIS, CREO, Partido Socialista Ecuatoriano, PSC, Avanza y Sociedad Patriótica.

La ley establece una fórmula de cálculo en base a los resultados de las pasadas elecciones, además de que el 50 % se distribuye en partes iguales y el restante de acuerdo con la votación obtenida en pasados comicios.

¿Cuántas dignidades se eligen?

Son las mismas dignidades del 2013, no ha variado, porque elegimos el binomio presidencial, cinco parlamentarios andinos, pero elegimos los mismos 137 asambleístas que se eligieron en el 2013. No cambia, aunque sabemos que hay más población, porque el Código de la Democracia dice que las dignidades se eligen cuando están directamente relacionados con los censos poblacionales, el último censo que tuvimos fue en el 2010 y el próximo que tengamos será en el 2020. Es decir, desde ese año podemos analizar si se incrementa el número de asambleístas para una provincia. Pero seguiremos con 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales, cinco por el exterior y cinco parlamentarios.

¿Cómo será el control
 del gasto electoral?


Hay varias etapas, la preelectoral que es lo previo a la elección, ahí tenemos las candidaturas y la campaña electoral. El gasto y la promoción electoral, que son diferentes y tienen un límite.

La promoción electoral es lo que se puede gastar en cuatro ítems: vallas publicitarias, prensa escrita, radio y televisión. Ese fondo asigna el Estado a través del fondo electoral a los diferentes candidatos a diferencia del pasado, en el que a veces a los candidatos los conocíamos en las papeletas, no sabíamos que había ese número ni las organizaciones políticas. Hoy, a través de ese fondo de promoción electoral logramos que el principio de equidad pueda cumplirse en todo el proceso electoral y conocer las diferentes propuestas de los candidatos, a través de la promoción.

El gasto electoral también debe ser controlado por el CNE e íntegramente por el Código de la Democracia, no por un artículo o dos. Para la precampaña o campaña anticipada, el uso de recursos públicos con fines electorales es un gasto electoral que establece el Código de la Democracia. Por tanto, el CNE no sanciona, el que lo hace es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el nuevo modelo electoral a partir de la Constitución del 2008 refundó el sistema electoral, porque antes había un solo organismo, el Tribunal Supremo Electoral y era el que concentraba las facultades administrativas y jurisdiccionales. Resolvía el proceso, pero ante una apelación lo hacía el mismo tribunal.

Hoy, el CNE se encarga de los procesos administrativos y del proceso electoral de levantar los expedientes administrativos. El TCE es el organismo jurisdiccional que da un tipo de sanción a los procedimientos, y también está la Contraloría General del Estado que se encarga de la revisión del uso de recursos públicos dentro de sus competencias y también tenemos la Fiscalía General, en el caso que tengamos un tema penal de un hecho electoral. Por tanto, un proceso electoral siempre será la competencia de varias instituciones, no solo del CNE y también competencias de las organizaciones políticas.

Nuestra obligación es que si los ciudadanos presumen que se ha cometido una infracción electoral deben remitir al CNE para levantar un proceso, con principios de debido proceso y de legítima defensa, porque también pasa en el ámbito electoral.

¿Cuántos veedores internacionales asistirán al país?


El CNE es un referente internacional en cuanto a la observación y acompañamiento electoral, no solamente de veedores y observadores, sino también estamos dando asistencia técnica a otros organismos electorales.

En República Dominicana firmamos un convenio y contamos lo que hemos hecho. Ahora tenemos el sistema electoral que da asistencia a las personas con discapacidad en lo referente al voto en casa. El PNUD, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha reconocido al Ecuador y al CNE como uno de los diez organismos en Latinoamérica que ha implementado políticas transversales electorales.

Tenemos planificado tener unos 100 observadores internacionales. En el 2013 y 2014 vinieron observadores de los cinco continentes de varias organizaciones electorales. Creemos que un proceso electoral puede ser totalmente transparente, no puede ser un proceso a puertas cerradas, sino que cada fase, cada proyecto debe darse a conocer en todos los sectores. Los observadores internacionales dan recomendaciones, siempre que sean compatibles con nuestra Constitución. El fin de esto es mejorar las prácticas electorales y hacemos invitaciones abiertas para que organizaciones electorales estén presentes en las elecciones del 2017. El Consejo Electoral de Unasur es uno de ellos, la OEA también puede acompañar nuestro proceso electoral.

¿Cuál es la agenda de capacitación para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto?


Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) son los grandes guardianes de la democracia. Vamos a tener más de 300.000 ciudadanos entre las dos vueltas electorales. Son 43.000 JRV en las que están 170.000 miembros por cada vuelta electoral. Son quienes entregan al país los resultados, quienes están desde las 06:00, con el proceso de votación desde las 07:00 hasta las 17:00. Luego siguen con el escrutinio, entonces esas personas llevan 16 horas de jornada ese día.

Los miembros de las JRV pueden ser sorteados en noviembre e inmediatamente entran en un proceso de capacitación para que el día de las elecciones puedan apoyarnos en el proceso de escrutinio. También estamos trabajando para que las organizaciones políticas no tengan ninguna crítica del proceso, incluso pueden tener dos, tres o más delegados en las JRV, porque el voto es escrutado públicamente, el voto es cantado, no se lo cuenta en secreto, el voto se lo ve y es mostrado a las organizaciones políticas. Por eso estamos trabajando en un diseño de escrutinio, y las actas de ese día puedan estar publicadas en la página web del CNE esa misma noche y todos puedan tener acceso a las actas sin ninguna restricción.

La debilidad que tenemos es en la entrega de resultados oficiales. No podemos demorarnos unos 20 días en entregar resultados oficiales, eso genera especulación, suspicacia, temores… Estamos trabajando para que a más tardar entreguemos resultados oficiales entre cuatro y cinco días en las 24 provincias del país. Pero ese día (19 de febrero del 2017) entregaremos actas oficiales con dignidades electas.

En junio, el Pleno del CNE aprobó el presupuesto para las elecciones en
$ 110’734.145,27.
Para la primera vuelta:
$ 92’216.019,30 y la segunda en: $ 18’518.125,91

¿Cómo será el
sistema de escrutinio?

Estamos trabajando en un nuevo sistema de escrutinio porque ha habido cuestionamiento al funcionamiento de las juntas intermedias de escrutinio, pero el cuestionamiento es por el acceso a la información de esas juntas.

El nuevo sistema nos permitirá publicar todas las actas de escrutinio del país, las que salen de las JRV y deberán estar publicadas en la nube (internet), para revisar desde cualquier lugar los datos, y con eso eliminar la especulación.

A las organizaciones políticas estamos dando las aplicaciones para que ellos hagan el control político. Pero ciertos actores, con su discurso de desprestigio a la institucionalidad y que no les interesa la democracia, generan cierta suspicacia, temores y dudas porque esa es su estrategia política. Para responder a eso habrá más información, respeto a la tolerancia. En ese sentido será la ciudadanía quien diferencie entre quienes quieren participar en la democracia constructiva y propositiva respetando la institucionalidad, y quiénes quieren la vía más corta: el desprestigio, el insulto, tratando de generar miedo y temor de forma irresponsable de un proceso electoral.

¿Qué facilidades prestará
el CNE para personas con capacidades especiales?


Ese es uno de los grandes hitos, no solamente este año. Hay que reconocer que es de los tres años previos, desde la presidencia del doctor Domingo Paredes, expresidente del CNE, que la política de igualdad, de inclusión es una política pública de cómo incorporar al sistema electoral a personas con discapacidad. Ahí hago una reflexión: antes, a las personas con discapacidad, en la Constitución de 1998, les definieron como grupos vulnerables. Recién en la Constitución del 2008 fueron considerados como grupo de atención prioritaria. Ahora las instituciones con el Estado tienen que buscar los mecanismos para generar esa atención prioritaria. Hoy trabajamos con el Conadis y Setedis.

Como ejemplo de la inclusión: en abril, en la consulta popular de Las Golondrinas, para que los ciudadanos de ese lugar decidan si pertenecen a Imbabura o Esmeraldas, por primera vez tuvimos urnas con papeletas braille para que la personas con discapacidad visual pueda identificar la urna y depositar la papeleta. Creemos que es una inversión, para entender esa política de igualdad y política pública.

 

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