¿Cómo destruir un país?

El día en que nos congelaron los sueños

El 8 de marzo del 2017, se cumplieron 18 años de la peor crisis económica del país. Antes de eso, la banca fue dueña del Ecuador por más de dos décadas. Lo fue; lo dicen la historia, los documentos, las investigaciones y los juicios. Los banqueros llegaron a ser los amos absolutos de un país que no supieron manejar y al que exprimieron casi hasta su extinción; y luego, tranquilamente, se fueron

Por: Juan Carlos Ortiz / juan.ortizmendoza@gmail.com

Captura de pantalla 2017-03-14 a las 17.22.07Allá, por el inicio de los años ochenta, mientras los ciudadanos seguíamos festejando el regreso a la democracia, los banqueros ya estudiaban las formas de enriquecerse usando el poder político y las leyes. Fue, justamente, nuestro desconocimiento de temas legales, económicos y políticos, lo que, como pueblo inocente y bonachón, nos llevó a creer una y otra vez en los rostros repetidos de la política ecuatoriana; los que en un contubernio permanente con la banca, gobernaron para su beneficio, usando a la población como una máquina de hacer dinero para cubrir sus grandes ambiciones.

Los ciudadanos, todos y cada uno, fuimos estafados permanentemente, y pagamos las cuentas de políticos y banqueros, que, voraces, nunca tuvieron límite en su codicia. Porque, les cuento, que el feriado bancario no fue la única vez que nos robaron.

Sucretización y el FMI

Los pasos del desfalco eran siempre los mismos: los banqueros pedían y el gobierno de turno les daba. ¿Y cómo recuperaban ese dinero? Sencillo, con medidas económicas que afectaban directamente al pueblo.

La sucretización fue el primer gran atraco de los años ochenta. Los protagonistas fueron los mismos de siempre: los de la partidocracia y los de la bancocracia.

Fue en el gobierno de Osvaldo Hurtado donde se instrumentó el mecanismo con el cual el Banco Central del Ecuador asumió la deuda externa que mantenía el sector privado nacional con la banca privada internacional. El Estado pagó las deudas en dólares con los organismos internacionales y cobró esas deudas a largo plazo y en un devaluado sucre.

Entre los grandes beneficiados de este astuto método, figuran el Banco del Pichincha, Filanbanco y Finansur, entidad financiera gerenciada -en esa época- por Guillermo Lasso Mendoza. Según el Informe de la Comisión de Auditoría del Crédito Público, Finansur se benefició por US$13’271.180,34 por el método de compensación de deuda.

Además, este informe señala a personas naturales que se habrían beneficiado de la sucretización; como el actual Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el exvicepresidente Alberto Dahik.

Obviamente, el Estado, para compensar el déficit, emitió papeles de deuda que favorecieron -una vez más- al sector privado. Los banqueros y empresarios adquirieron la deuda ecuatoriana en el mercado secundario, a precios que fluctuaban entre el 30 % y 40 %; y, posteriormente, fueron vendidas al BCE, en la mayoría de los casos, al 100 %. Con este mecanismo, se redujo la deuda privada por un total de US$626.538,77. Ocasionando un enorme perjuicio al estado.

Pero, ¿cómo se recuperaría este déficit presupuestario? Sencillo: el FMI impuso la enfermedad, pero también tenía la cura.

En la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), firmada el 24 de marzo de 1983, ya estaba sentenciada la sucretización; pero también estaba la receta para recuperar los recursos; era tan sencillo como aumentar el precio de la gasolina al 100 % y que la moneda se devaluara en un 254 %. Eso solamente en el gobierno de Hurtado. Es decir, el pueblo pagó la sucretización, engañado -como siempre- por una supuesta necesidad social que nunca se suplió. ¿Si ven que nos vienen robando desde hace décadas y ni nos hemos dado cuenta?

El FMI, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y demás organismos multilaterales, estuvieron presentes siempre en la nueva etapa democrática del Ecuador y de muchos países de América Latina, dictando las recetas neoliberales que llevaron a decenas de economías a situaciones insostenibles. De 54 crisis bancarias identificadas entre 1975 a 1997, 42 ocurrieron en países en vías de desarrollo, donde se caracterizaron por imponer políticas neoliberales basadas en cambio del rol del Estado y el traspaso de sus recursos, infraestructura y servicios al sector privado.

Fueron 14 las cartas de intención firmadas con el FMI por los gobiernos desde Osvaldo Hurtado hasta Lucio Gutiérrez. Mediante ajustes que perjudicaron directamente al bolsillo de los consumidores, se trató de recuperar los recursos que se destinaban a pagar la deuda externa e interna que beneficiaba exclusivamente a la banca usurera internacional y nacional.

Era tanta la influencia del FMI (banca internacional), que durante el gobierno del León Febres Cordero se liberaron recursos del petróleo, para pagar deuda externa (pagarles a los bancos internacionales); así mismo, era tan tonto el asunto, que el país aumentaba su deuda para pagar deuda y, muchas veces, solo se endeudaba para pagar los cuantiosos intereses a los que se sometía al país.

Como era de esperarse, nuevamente fuimos nosotros, los ciudadanos, los que pagamos los platos rotos, asumiendo un aumento de la gasolina en un 200 %, incremento de las tarifas eléctricas y del IVA. Todo el recetario de Washington se debía aplicar y se aplicó a lo largo de los años.

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LAS MARIONETAS DE LA BANCA

Era tanto el poder de la banca internacional frente a gobiernos sumisos, que en 1989, el Citibank retuvo –arbitrariamente- 80 millones de dólares depositados en sus arcas por el Banco Central, para cobrarse, a las bravas, un préstamo que todavía no había vencido.

El gobierno de “izquierda” de Rodrigo Borja no solo fue servil a los intereses de los banqueros internacionales. Según varias investigaciones, entre ellas la del periodista argentino Juan Salinas y de la página Zona Económica; Rodrigo Borja depositó el dinero de la reserva monetaria del país en el Banco del Pichincha, para que el banquero Fidel Egas pudiera conceder créditos a empresas relacionadas y estas, a su vez, compraron las acciones del banco, dejando a Egas como dueño de la institución. ¡Qué generosa ayuda con dinero ajeno!

Como era de suponer, el FMI impuso también su voluntad a ese gobierno neoliberal con membrete de izquierda, en que -entre otros compromisos- asumió el alza de los combustibles y de las tarifas de los servicios básicos y aprobó la Ley 133, que comenzó el proceso de flexibilización laboral.

“El mayor legado para el futuro” del gobierno de Borja fue la aprobación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, en mayo de 1992. Una ley que protegía a los bancos privados contra la quiebra, y que, años más tarde, sería aprovechada por decenas de instituciones del sistema financiero que acudieron al Estado para pedir préstamos de liquidez. Es decir, el Banco Central prestaba plata de los contribuyentes a bancos privados sin más garantía que papeles muchas veces sin ningún valor.

Así lo plasmó la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado en su artículo 24: “La Junta Monetaria solo en caso de falta de liquidez de los bancos privados o de los demás establecimientos de crédito del sistema financiero privado, podrá autorizar al Banco Central la concesión de créditos”.

Y, por si acaso, para asegurar las cosas, el artículo 28 daba la potestad a la Junta Monetaria de autorizar préstamos de hasta el 10 % del presupuesto General del Estado… a los banqueros.

Entonces, ante tales gangas impresas en la ley, cómo no aprovechar la oferta; y, hasta finales de 1995, más de 20 instituciones financieras recurrieron al Banco Central para solicitar préstamos que, en su gran mayoría, nunca fueron pagados.

Evidentemente, todo fue premeditado, la ley fue creada a conveniencia de los banqueros para disponer “legalmente” de los fondos del Estado. ¿Y quiénes la ejecutaron? Pues los mismos de siempre, los mismos de la sucretización. Una vez más usaron el poder político para beneficiar a unos pocos.

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Podemos contar entre los diputados del Congreso de 1992 a Jaime Nebot, Jamil Mahuad, Alberto Dahik, Vladimiro Álvarez y Fabián Alarcón. Representantes de fuerzas políticas como el PSC y la DP (UDC), que -además de aprobar la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado-, en años siguientes, fueron los protagonistas de las decisiones y acontecimientos que llevaron al país a la quiebra. Fueron los mismos de siempre vinculados a la banca.

Con la llegada del gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, se institucionalizó el neoliberalismo, que, visto desde la óptica de nuestra clase política y empresarial, no es más que la acumulación de capital y activos estatales en manos del sector privado.

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Para la arremetida neoliberal, fue necesario un cambio profundo en la legislación de la época. Como la derecha siempre esconde sus oscuras intenciones en nombres rimbombantes, se desarrolló bajo la supervisión del FMI-BM, la Ley de Modernización, calificada como “una ley de privatizaciones maquillada con otras cosas”, por el propio Secretario de Planificación de ese tiempo, Pablo Lucio Paredes.

 

Esa “modernización” exigía una nueva legislación en varios sectores, como la Ley de Hidrocarburos que permitió que la participación del Estado en los ingresos petroleros bajara del 90 % al 33 %, en el mejor de los casos, beneficiando a las petroleras transnacionales, que se hicieron multimillonarias con los recursos naturales de nuestro país.

 

Con este tipo de medidas, el estado quedaba desfinanciado y, lógicamente, tenía que endeudarse para suplir el mismo pago de la deuda adquirida con anterioridad y sus intereses. Esto era un negocio redondo, pues los mayores beneficiarios de la deuda externa de nuestro país fueron la banca internacional y local.

 

Aunque suene ilógico, en 1992, el país por derecho podía dejar de pagar la deuda externa comercial, pero el gobierno de Sixto Durán Ballén dijo: “¡No. queremos seguirla pagando!” ¿Y quién fue la protagonista? Ana Lucía Armijos, la que un par de años después aprobaría el salvataje al Banco Continental y, a renglón seguido, fue una de las estrellas del feriado durante el gobierno de Jamil Mahuad.

Mario Ribadeneira, Ministro de Finanzas, y Ana Lucía Armijos, Gerente General del Banco Central del Ecuador, renunciaron unilateralmente al derecho de prescripción de la deuda externa comercialque en ese momento ya llegaba a los US$ 7.000 millones, mediante el denominado Tolling Agreement. Así lo detalló en su informe la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público, creada en el actual gobierno.

¿Para qué hicieron esto que resulta a simple vista absurdo? Pues para mantener el negocio de los banqueros. De esa manera, empezaron a endeudar al país hasta el cuello con los bonos Brady, que fue el mayor contrato de endeudamiento global celebrado por el Estado hasta 1995. El monto de bonos emitidos fue de 5.953 millones de dólares. Es decir, el país seguía endeudado para el beneficio de unos cuantos que tenían los bonos.

En apenas cuatro años, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, la emisión de bonos creció 10 veces. Estas emisiones cuantiosas de bonos incidieron en la posterior crisis bancaria de 1998-1999, periodo en que se acude a nuevas emisiones para otro salvataje de la banca privada. Así lo afirman los informes del Banco Central del Ecuador.

Para que esos bonos fueran rentables, el siguiente paso fue la desregularización del mercado. En enero de 1993, el gobierno de Sixto Durán Ballén, a través de la Junta Monetaria, adoptó un sistema de tasas de interés referenciales basadas en las condiciones del mercado con el objeto de incrementar la “transparencia” de los mercados financieros.

Esta regulación de la Junta Monetaria, creó las condiciones para el crecimiento de las tasas de interés en la década de 1990 y creó una economía especulativa.

Lo señalado estimuló tanto a la banca nacional cuanto a la internacional a adquirir bonos de deuda interna que, además de hacerlo con riesgo cero por ser bonos del Estado, pagaban trimestralmente tasas de interés elevadas. Esto lo podemos corroborar en el informe de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por el actual gobierno.

 

Es decir, el Estado, desfinanciado por la deuda pública emitía bonos que eran adquiridos por los mismos bancos nacionales e internacionales, que exigían el pago de cuantiosos intereses por ser “tenedores de los bonos”, deuda que crecía más, gracias a un mercado liberado.

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Realmente suena “de Ripley”, pero no, era simplemente un nuevo negociado para la banca: el Estado adquiría deuda para pagar deuda. ¿Pero quiénes sacaban ventaja de lo bonos del Estado? Figuran en la lista bancos como Filanbanco, de los hermanos Isaías; el Banco del Pichincha, de Fidel Egas; y el Banco de Guayaquil, ya -en ese entonces- gerenciado por el hoy candidato a la presidencia, Guillermo Lasso Mendoza.

 

Fueron ellos los que se aprovecharon de medidas como la renuncia a la prescripción de la deuda y la liberación de las tasas de mercado, en desmedro de los intereses de la mayoría y en beneficio de sus propios bolsillos.

Pero no es que ellos “pasaban por ahí” y se beneficiaron de estas medidas por pura coincidencia; queda claro que los banqueros participaron activamente en la aprobación, ejecución e implementación de leyes, como La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Constitución del 98 y la Ley 98-17, con que se crea la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Toda esa legislación cerró el círculo que dio paso al salvataje bancario, el mayor robo de la historia de nuestro país.

Ley del libertinaje bancario

Captura de pantalla 2017-03-14 a las 17.27.13El Banco de Guayaquil, con Guillermo Lasso a la cabeza -mediante publicaciones en los medios locales- promovía y exigía la rápida aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. “Para que sus clientes pudieran gozar de mejores tasas de interés”, decía. Cuando la realidad muestra que “los cuantiosos beneficios obtenidos por la banca a través de mecanismos como la elevación de la tasa de interés, aumentaron el pago del servicio de la deuda y, por otro lado, redujeron los recursos que destinados a atender los derechos a salud y educación de la población”, según concluyó el informe de la Comisión Auditora de la deuda.

Esa ley era impulsada por Alberto Dahik, Ana Lucía Armijos y Gustavo Ortega Trujillo, Superintendente de Compañías de ese entonces y hermano de Leónidas Ortega Trujillo, dueño del Banco Continental, institución intervenida por el Estado gracias a las ventajas de esa ley.

Es tan sencillo darse cuenta de que los banqueros y los políticos, cuyos nombres se repiten una y otra vez, trabajaban en conjunto para lograr beneficios exclusivos para ellos, usaron la política y las esperanzas de un pueblo -cada vez más sumido en la pobreza- para hacerse millonarios.

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero legalizó el libertinaje de la banca, entre otras cosas permitió la creación de Grupos Financieros, con tan solo un capital de un millón de UVC (unidad de valor constante). Fue así, que desde 1994 a 1996, se sumaron 12 nuevos bancos que saturaron el mercado ecuatoriano. Muchas de esas instituciones financieras quebraron pocos años después, dejando un cuantioso perjuicio al Estado que cubrió sus deudas.

Con un solo ejemplo podemos ver cómo los funcionarios gubernamentales eran los mismos banqueros o personas muy cercana a la banca. El economista Roberto Baquerizo Valenzuela fue el presidente de la Junta Monetaria, que durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, promulgó la resolución que liberalizó las tasas de interés. A su vez, era presidente de Banco Unión, unas de las instituciones que más tarde se iría a la quiebra.

De igual manera, según el artículo 51 de la misma ley, los bancos tenían la posibilidad de recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y del exterior. Y lo principal, el artículo 74 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, abrió las puertas a los préstamos vinculados que se permitían en un 100 % del patrimonio técnico de las instituciones. Es decir, un banco podía prestarse plata a sí mismo a través de empresas de papel y de personas naturales vinculadas, como amigos, parientes y testaferros.

Por ejemplo, el Banco del Progreso registró 331 “empresas fantasmas” que recibieron préstamos por un monto de 533 millones de dólares. Para la creación de estas empresas, se utilizaron nombres de choferes, agricultores, albañiles, estudiantes, zapateros y amas de casa, que figuraban como gerentes, presidentes y accionistas.

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Y, por si acaso le iba mal en sus negocios vinculados, para salvar a los bancos estaba el artículo 147 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que permitía otorgarles las que estuvieran con problemas de liquidez, préstamos denominados subordinados. De esta forma, si el banco quedaba desfinanciado por prestarse plata a sus propias empresas -dinero que nunca era devuelto- la solución era sencilla: se recurría al Estado para que, con plata del pueblo, se pagaran las deudas a los banqueros. Entonces, resultaba más rentable quebrar un banco que mantenerlo.

El NEGOCIO DE QUEBRAR BANCOS EMPIEZA

Fue el Banco Continental el primer experimento que el sistema bancario y político ejecutó en este largo contubernio. Guillermo Lasso decía en ese entonces que las medidas ejecutivas y legislativas asumidas en el gobierno de turno habían “creado un entorno adecuado para producir el incremento de la eficiencia del sistema bancario ecuatoriano durante 1994″. (“La Banca crece en eficiencia”).

No había pasado ni un año desde la aprobación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, cuando el Banco Central del Ecuador y el Banco Continental firmaron el acuerdo denominado “Facilidad de crédito de liquidez”, con el cual el banco obtuvo más de 10 créditos a lo largo de 1995 e inicios de 1996. Esos préstamos de liquidez sumaron 470 mil millones de sucres.

Pero, como era de imaginarse, ese dinero no fue suficiente y, en marzo de 1996, el banco solicitó un crédito subordinado por 485 mil millones de sucres.

Una vez más, los nombres de los que han desfalcado al país se repitieron, pues para la aprobación de esos préstamos se requería del voto conforme de seis de los miembros de la Junta Monetaria. Donde Guillermo Lasso Mendoza era el vocal que representaba a la Banca Privada, y, además, fungía como presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE). Él y Ana Lucía Armijos, aquella vez en su papel de Presidenta de la Junta Monetaria, aprobaron esos créditos para salvar a sus amigos banqueros.

Los implicados fueron enjuiciados y Guillermo Lasso, tuvo que presentar su testimonio en la corte, donde señaló que “el Banco Continental, recibió en el gobierno de Durán Ballén, 955 mil millones de sucres. Además, reveló que la Junta Monetaria no conoció los balances consolidados de ese banco y que la decisión se tomó exclusivamente con base en informes de la Superintendencia de Bancos y el Banco Central” (Biblioteca Banco Central).

Las “autoridades de control” descubrieron de forma tardía que “a través de una sofisticada ingeniería bancaria, que incluía la piramidación de capitales y el uso intensivo de su banco offshore para mover inmensos recursos de Ecuador hacia el exterior, de esta forma se había vaciado el patrimonio de la entidad”, afirmaba el economista Hernán Ramos.

Los dueños del banco prestaban dinero de la institución con lo cual los testaferros compraban acciones del mismo banco, es decir había un aumento ficticio de capital. Pero, la justicia no pudo hacer nada; Carlos Solórzano Constantine, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien enjuició a los miembros de la Junta Monetaria, asegura que fue perseguido por los socialcristianos y que fue cesado en sus funciones. “Es que el amarre de Febres-Cordero con los bancos era evidente”, afirmó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

SALVAR A LOS BANCOS Y DESTRUIR AL PAÍS

Captura de pantalla 2017-03-14 a las 17.27.52Años difíciles vivía nuestra patria: el conflicto con el Perú, el fenómeno del Niño, la crisis financiera internacional, la crisis bancaria local -que todavía se basaba en simples rumores, pero que ya en algunos sectores se comenzaba a sentir- y, obviamente, una inestabilidad política nunca antes vista. Un presidente defenestrado y un presidente ilegítimo, que buscó legitimarse mediante una nueva constitución…

Fue así como llegamos a diciembre de 1997, cuando se instaló la nueva Asamblea Constituyente, dominada por el Partido Social Cristiano, y donde ya figuraba Cynthia Viteri; la Democracia Popular, presidida por Osvaldo Hurtado; y, el partido del presidente Fabián Alarcón, Frente Radical Alfarista (FRA).

Ellos redactaron y aprobaron la transitoria Cuadragésima Segunda que decía: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y, por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.

Tan solo meses después, la ley 98-17 -que permitió el salvataje bancario- fue aprobada por el congreso de la partidocracia, con Jaime Nebot a la cabeza. Otra vez, los mismos de siempre al servicio de la banca.

Aquella “Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributaria”, por una parte, imponía el Impuesto del 1 % a la circulación de capitales, genial idea de Jaime Nebot para solventar el déficit del Estado a costillas de cada uno de los ecuatorianos. Por otro lado, imponía la garantía de depósitos al sistema financiero; para eso se creó la AGD. La normativa permitía la emisión de bonos para solventar la crisis de los bancos.

Es impresionante como el Estado ecuatoriano ha estado al servicio del pago de la deuda, por eso, siempre el pueblo vivió sumido en la pobreza y en la carencia de servicios sociales de calidad. Los gobiernos prefirieron pagar deuda, muchas veces ilegítima, antes que solventar las necesidades del pueblo.

En 1998, Guillermo Lasso decía a la prensa: “Si algo ha funcionado bien en este país es la política monetaria y cambiaria, razón por la que no existe ningún justificativo para cambiar el régimen monetario y la estructura actual de la Junta Monetaria”.
Un año más tarde el gobierno congeló 1.840 millones del sistema bancario privado; 681,1 millones de la banca offshore y alrededor de 145 millones
de sociedades nancieras, cooperativas y mutualistas

 

Por ejemplo, hasta diciembre del 2007, el Estado había pagado -solo por intereses de la deuda- US$ 793’372.505,24. Y claro está, la deuda era contratada con la banca internacional y con la banca privada nacional que, sin importarle el destino del pueblo, lograron que el Ecuador pagara tasas de interés onerosas, comisiones anticipadas, comisiones de compromiso, de prórroga, de conversión y que mantuviera el valor principal de la deuda casi intacto, asegurando -de esa manera- el permanente pago de rentabilidades y flujos de fondos permanentes.

¿Es decir el salvataje fue premeditado? ¡Claro que sí! Por un lado, los bancos que se iban a la quiebra, aprovecharon las ventajosas bondades del sistema para solventar sus deudas con dinero del pueblo, y, por otra parte, los que no quebraron, como el Banco de Guayaquil, se beneficiaron de los bonos del Estado, de sus intereses y de la devaluación de la moneda, consecuencia del congelamiento de depósitos y de la emisión de los Certificados de Depósitos Reprogramables (CDR), con que les pagaron a los incautos depositantes, una vez declarado el feriado bancario.

Ahora, el Banco de Guayaquil se defiende y asegura que los Certificados de Depósitos Reprogramados (CDR) que pagó a los ahorristas fueron cancelados al 100 % y cobrados a la Corporación Financiera Nacional (CFN) por el mismo valor; pero, recordemos que la CFN en 1999 estuvo al borde de la quiebra ya que su cartera se basada en un 60 % tan solo en papeles de bonos. La CFN fue desangrada por los banqueros. Así mismo, un estudio de la Espol asegura que, a pesar de que un gran número de personas recuperó el valor de sus ahorros en un 100 %, un alto porcentaje de personas que negociaron los CDR, lo hicieron con un castigo de hasta el 65 % del valor nominal. Gran negocio para la banca.

León Roldós, diputado nacional, según la revista Blanco y Negro, dijo que la AGD: “Se creó direccionada para encubrir a los banqueros tramposos. La ley no se hizo para evitar la quiebra bancaria, sino para proteger a los que la provocaron”. Y así fue, una vez creada la AGD, cuyo primer gerente fue James McPherson Febres Cordero, familiar del expresidente León Febres Cordero, se procedió de inmediato en la primera sesión del salvataje de Filanbanco.

De ahí en adelante la historia ya es conocida: para beneficio de los banqueros, el régimen declaró un feriado bancario, el 8 de marzo de 1999. Días después, el gobierno congeló 1.840 millones del sistema bancario privado; 681,1 millones de la banca offshore y alrededor de 145 millones de sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. Como gran salvador, no del pueblo, sino de los bancos, el Estado intervino 33 entidades financieras.

Cabe recalcar, que fueron las mismas figuras las que estuvieron de protagonistas en esos años de convulsión: Jamil Mahuad, Jaime Nebot, León Febres Cordero, Guillermo Lasso, Ana Lucía Armijos, entre otros, jugaron su parte política en estos duros momentos para la patria.

“La gobernación del Guayas fue un epicentro de la crisis bancaria, momentáneamente trasladada a las calles y plazas de Guayaquil”, así lo asegura el economista Hernán Ramos, en su artículo “Por los laberintos del banquero Lasso”, al referirise a Guillermo Lasso en su época de gobernador de la provincia del Guayas.

Mientras Lasso presionaba para que se diera el congelamiento de depósitos, según el expresidente Gustavo Noboa, se aseguraba de que Nebot presionara para que se diera la dolarización.

La historia no se puede negar, pero el futuro sí se puede corregir. Podemos darnos cuenta por qué en el país del pasado no había carreteras ni hospitales y las escuelas se caían. El dinero nunca se usó para pagar la deuda social, simplemente era para pagar la avaricia sin fin de nuestros políticos y banqueros que, desde los años ochenta en la sucretización, vivieron de la plata del Estado.

Gracias a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, el Banco Central del Ecuador y el Banco Continental firmaron el acuerdo denominado “Facilidad de crédito de liquidez”, con el cual el banco obtuvo más de 10 créditos a lo largo de 1995 e inicios de 1996. Esos préstamos de liquidez sumaron 470 mil millones de sucres

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